El PP Contrata como Asesor en el Senado al Abogado de Manos Limpias en Proceso Contra el Fiscal General

El Partido Popular (PP) ha incorporado como asesor en el Senado a Víctor Soriano, un abogado vinculado al sindicato de extrema derecha Manos Limpias, que está involucrado en una causa legal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Soriano, quien ocupa un cargo de personal eventual nivel A desde el pasado 25 de enero de 2024, tiene un salario anual cercano a los 60,000 euros.

Según reporta [eldiario.es](https://www.eldiario.es/politica/pp-sueldo-senado-abogado-manos-limpias-causa-fiscal-general_1_11970389.html), Soriano asume su función bajo la vicepresidencia de la Cámara alta, que es liderada por la popular Eva Ortiz. Su papel no es trivial, ya que actualmente está involucrado en un proceso que investiga la filtración de un correo electrónico que pertenece a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La decisión del PP de contratar a un abogado que trabaja para un sindicato tan polémico ha suscitado diversas opiniones y ha elevado las inquietudes sobre la influencia que este tipo de vínculos puede tener en la labor legislativa y en la política pública. El caso de Víctor Soriano no solo destaca un posible conflicto de intereses, sino que también reitera las conexiones del PP con figuras y entidades que han sido objeto de controversia en el pasado.

En un contexto político donde la transparencia y la integridad son fundamentales, estas acciones podrían ser vistas como un intento de minar la confianza pública en las instituciones. Este tipo de nombramientos exige un examen crítico, pues la ciudadanía tiene el derecho a conocer los orígenes y las implicaciones de las decisiones que toman sus representantes.

Es imperativo que los partidos políticos actúen con la debida responsabilidad y ética al seleccionar a sus asesores, ya que sus elecciones pueden repercutir en la percepción pública y en la confianza en nuestro sistema político. La comunidad espera respuestas claras sobre cómo estas decisiones se alinean con los valores democráticos que el PP dice defender.